25 January 2019 07:47


Los afiliados de la ICM en Zimbabwe, miembros del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU, por sus siglas en inglés) solicitaron legítimamente una “Protesta Pacífica” de tres días (del 14 al 16 de enero de 2019) en respuesta al anuncio gubernamental de aumento abrupto en el precio del combustible, noticia que empeora el ya insoportable alto costo de vida de este país.


Desde el lunes 14 de enero, las fuerzas de seguridad han realizado violentos ataques contra los sindicatos y han detenido dirigentes sindicales. Hay informes de una fuerte presencia militar y policial en las calles y las fuerzas de seguridad están atacando arbitrariamente a los ciudadanos, incluso obstruyen el ingreso a hogares con el fin de arrastrar a la gente y golpearla en un esfuerzo por infundir temor y reprimir la disidencia. Doce personas murieron y muchos resultaron heridos durante las protestas. Hasta la fecha, más de doscientos han sido arrestados.


Además, se bloquearon las comunicaciones móviles, terrestres, internet y redes sociales durante dos días para evitar el acceso a la información y la comunicación. Este alto poder de las fuerzas de seguridad demuestra que el gobierno está incumpliendo su deber de garantizar que el clima social del país esté libre de violencia y temor.


Los intentos de silenciar y castigar la disidencia y socavar los derechos de los trabajadores y ciudadanos a protestar son descarados e inaceptables. Los trabajadores tienen derecho a expresar sus opiniones sobre los programas económicos del gobierno, incluso a través de manifestaciones pacíficas en un ambiente libre de miedo, intimidación, coerción, represión y violencia.


Por lo tanto, pedimos al gobierno de Zimbabwe que haga lo siguiente:

1. Detenga inmediatamente todos los ataques de la policía y otras fuerzas de seguridad contra trabajadores, dirigentes sindicales y otros ciudadanos

2. Liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos durante las manifestaciones

3. Acepte las demandas de ZCTU, en las cuales se exige diálogo social con todas las partes interesadas nacionales, con el fin de encontrar soluciones que aborden las dificultades económicas actuales que enfrenta el país.

4. Establecer una investigación judicial independiente sobre la reciente violencia policial y sancionar a los culpables como elemento disuasivo de nuevos actos de violencia. 


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