La Declaración de Progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional debe reafirmar enérgicamente el papel crucial de las normas laborales fundamentales de la OIT

Sindicatos Globales reiteran su compromiso con la búsqueda de estrategias de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM, por sus siglas en inglés) que promuevan justicia social, racial, de género, económica y climática. Estamos listos para trabajar con los estados para promover un nuevo contrato social y una recuperación inclusiva, que ponga a las personas por encima de las ganancias. Por lo tanto, expresamos nuestra decepción con la Declaración de Progreso sobre la implementación del GCM, la cual no incluye un fuerte compromiso con las normas internacionales del trabajo que son fundamentales para garantizar que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes. La Declaración de Progreso fue adoptada hoy por los gobiernos convocados en el Foro de Examen de la Migración Internacional de la ONU (El Foro) del 17 al 20 de mayo.


Trabajadores y trabajadoras migrantes constituyen la gran mayoría de la migración laboral internacional. El objetivo 6 del GCM sobre 'facilitar la contratación justa y ética y salvaguardar las condiciones para garantizar un trabajo decente' tiene una clara referencia a la agenda de trabajo decente de la OIT, la cual también se establece en los Principios y Derechos en el Trabajo que todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar en virtud de su afiliación a la Organización Internacional del Trabajo. Como destacaron varios representantes gubernamentales, estos incluyen la libertad de asociación, el derecho a organizarse y negociar colectivamente, la igualdad salarial, la no discriminación en el empleo, la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Sin embargo, esto está notoriamente ausente en la Declaración de Progreso del Foro.


Dado que las preocupaciones humanitarias graves dieron lugar al Pacto, los sindicatos han exigido que el proceso de implementación priorice los esquemas de regularización y aumente las opciones de reasentamiento humanitario y otros canales basados ​​en los derechos, que permiten a los y las migrantes la libertad de moverse, establecerse, trabajar y participar plenamente en la sociedad, en lugar de expandir los programas de trabajo temporales o circulares. No todos los caminos regulares son justos o equitativos. Elogiamos la recomendación de la Declaración de la ONU sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para promover mejores vías regulares, incluido el llamado a la regularización de los inmigrantes indocumentados y la unificación familiar, el control del racismo, la xenofobia y la garantía de justicia para las víctimas. Los Estados deben tomar medidas para reestructurar fundamentalmente las vías de migración laboral, de modo que terminen con la mercantilización de los trabajadores y trabajadoras migrantes y la explotación sistemática por parte de reclutadores y empleadores. Los programas de migración laboral temporal no deben posicionarse como una solución falsa para el desarrollo del país de origen o para las crisis humanitarias, el desplazamiento climático u otras formas de migración forzada. En cambio, las vías de migración laboral deben permitir a los trabajadores y trabajadoras el pleno ejercicio de la libertad de asociación, así como la opción de unidad familiar, residencia permanente y eventual ciudadanía, si así lo desean.


Además, la Declaración de Progreso es un nombre inapropiado ya que no reconoce el papel positivo y las contribuciones de los sindicatos en la implementación del Pacto Mundial sobre Migración a nivel local, nacional, regional e internacional. Durante los últimos cuatro años, y durante la pandemia de COVID-19, los sindicatos de todos los continentes y de muchas maneras diferentes han protegido y promovido los derechos de los trabajadores migrantes, como señala el informe paralelo del CGU presentado al Foro ilustra. Es a través de campañas constantes de los sindicatos, diseñadas para promover la representación y organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a través del desarrollo de capacidades sobre sus derechos como clase trabajadora y facilitando el acceso a recursos legales para combatir las violaciones sistemáticas ocurridas en su contra, como el robo de salarios, donde se ha logrado un progreso sostenible. Los sindicatos también han sido actores clave en el desarrollo de la Orientación Global sobre migración laboral bilateral de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, promoviendo la contratación justa y ética y apoyando la regularización de los trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados.


Al abogar por la justicia social, el movimiento sindical ha pedido constantemente a los gobiernos que inviertan en modelos de desarrollo centrados en el ser humano y servicios públicos de calidad, incluida la atención médica, la protección social universal y la educación inclusiva de calidad para todos y todas. Los planes de recuperación deben desarrollarse a través del diálogo social y alinearse con el Acuerdo de París, los ODS de la ONU y las normas laborales de la OIT. Cuando se rige dentro del marco normativo basado en los derechos, la migración puede contribuir al desarrollo sostenible. Sin embargo, la migración en sí misma no es una estrategia para el desarrollo.


Las normas internacionales del trabajo son los instrumentos fundamentales de derechos humanos que protegerán a los trabajadores y trabajadoras migrantes y permitirán que los sindicatos lleven a cabo su trabajo de protección y promoción de los derechos laborales y humanos de esta población trabajadora. Los gobiernos deben salvaguardar la dignidad y los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, por medio de la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales de la OIT y los convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes (Convenios 97 y 143). Los sindicatos recuerdan a los gobiernos su obligación con los derechos humanos, que incluyen la libertad de asociación, el derecho a organizarse, negociar colectivamente y comprometerse a apoyar la organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras migrantes.


Para avanzar en la implementación del GCM, el movimiento sindical internacional insta a los Estados miembros a tomar medidas audaces para cumplir con sus obligaciones, en virtud de las normas internacionales del trabajo para proteger el derecho a la libertad de asociación, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente para todos y todas los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio; desarrollar esquemas de regularización y vías regulares permanentes, coherentes y justas; y entablar un diálogo social con sindicatos y organizaciones de trabajadores a nivel local, nacional, regional y mundial para promover la protección social universal y un nuevo contrato social para todos los trabajadores y trabajadoras.