PIB de Brasil se contrae y se pierden millones de empleos debido al lawfare
La operación Lava Jato, también conocida como "operación lavado de autos", que derivó en el injusto encarcelamiento del expresidente brasileño Lula da Silva, fue declarada ilegítima recientemente por la falta de imparcialidad del juez Sergio Moro. Esto fue después de que, el 8 de marzo, un tribunal brasileño absolviera a da Silva de todas las condenas penales derivadas de este caso.
Sin embargo, el impacto de la operación fue devastador. Según un estudio del Departamento Intersindical de Estudios Socioeconómicos (DIEESE), la operación Lava-Jato paralizó miles de proyectos de construcción y desindustrializó el país. Causó la pérdida de 4,4 millones de puestos de trabajo, incluidos 1,1 millones de trabajos de construcción, y contribuyó a que el PIB del país cayera al 3,6 por ciento.
La operación también dañó la credibilidad de las elecciones presidenciales de Brasil, y muchos sindicalistas lo llamaron un lawfare contra Da Silva y las organizaciones de trabajadores, con el motivo de influir en el resultado del sistema electoral del país.
En un comunicado del 10 de marzo, da Silva aseguró que la operación Lava-Jato podría haber detenido la corrupción y haber encarcelado a los responsables del crimen sin que eso paralizara las operaciones de las empresas. No obstante, eso nunca sucedió. La criminalización de las empresas de ingeniería del país también tuvo un impacto regional que contribuyó a cambios políticos conservadores en otros países de América Latina y el Caribe.
La Operación Lavado de Autos fue una investigación criminal de la Policía Federal de Brasil, Sección Curitiba. Comenzó en marzo de 2014 y fue encabezada inicialmente por Moro y en 2019, por el juez Luiz Antônio Bonat. La investigación incluyó a da Silva, en lo que muchos observadores consideran, un intento para evitar que su Partido de los Trabajadores (PT) ganara las elecciones del 2018.
Con Brasil al borde del colapso como resultado de una pandemia incontenida que ya ha matado a 266.000 ciudadanos y una tasa de desempleo récord, la recuperación económica de COVID-9 será un tema central en las elecciones presidenciales de 2022.