El 3 de febrero, tras habérsele denegado la entrada en Cisjordania, una delegación de la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), que incluía a afiliados de Sudáfrica (NUM), Bélgica (FGTB-ABVV), Francia (CGT) y España (CCOO Hábitat), celebró una serie de reuniones en Ammán con representantes de la Federación General Palestina de Sindicatos (PGFTU), que viajaron desde Palestina para participar. Las reuniones fueron organizadas por la Confederación Sindical Árabe (ATUC) y también contaron con la participación de los secretarios generales de la Federación General de Sindicatos de Jordania y del Sindicato de  Trabajadores de la Construcción de Jordania. Las reuniones que inicialmente estaban previstas en Ramala con el ministro de Trabajo palestino y representantes de la oficina de la OIT en Jerusalén se celebraron de forma virtual.

Los debates se centraron en el colapso del empleo y los medios de vida en Gaza y Cisjordania, la situación de los trabajadores de la construcción y otros trabajadores desde el 7 de octubre, y la desconexión actual entre los debates de alto nivel sobre el futuro de Gaza y la realidad que viven los trabajadores palestinos. Los participantes destacaron que actualmente no se está llevando a cabo ninguna reconstrucción y que se habla de los trabajadores como mano de obra futura sin tener en cuenta sus opiniones, sus derechos o sus necesidades inmediatas de supervivencia.

El empleo y los medios de subsistencia en Gaza y Cisjordania se enfrentan a un colapso sin precedentes, impulsado por el desempleo masivo, la destrucción generalizada y las severas restricciones a la circulación y los materiales. Desde el 7 de octubre, más de 200 000 trabajadores palestinos han perdido el acceso a los permisos de trabajo, mientras que el desempleo ha alcanzado aproximadamente el 85 % en Gaza y casi el 30 % en Cisjordania.

En Cisjordania, más de mil puestos de control permanentes y ad hoc, barricadas y puertas restringen severamente la circulación, lo que hace prácticamente imposible que muchos trabajadores lleguen a sus lugares de trabajo, incluso cuando hay puestos disponibles. Los trabajadores que intentan acceder a un empleo se enfrentan a la detención, las lesiones o la muerte, mientras que el trabajo indocumentado e informal se ha expandido en condiciones cada vez más precarias. En Gaza, la destrucción de infraestructuras, viviendas, hospitales, escuelas y centros de formación profesional ha privado a la población de trabajo, aprendizaje y cualquier sentido de vida normal, lo que ha socavado profundamente la dignidad humana, mientras que el poder adquisitivo se ha visto casi totalmente erosionado.

Las respuestas institucionales siguen estando muy limitadas, a pesar del compromiso continuo de los actores internacionales. Los ministerios, sindicatos y organizaciones patronales palestinos siguen funcionando bajo una presión extrema, ya que el cierre de las fronteras impide la entrada de cemento, maquinaria y materiales básicos de construcción. Si bien la OIT, el PNUD, el PNUMA y otros organismos de las Naciones Unidas están llevando a cabo evaluaciones rápidas de las necesidades, coordinando las respuestas en materia de vivienda y apoyando iniciativas de empleo de emergencia, la falta de libertad de movimiento, de acceso, de claridad en la gobernanza y de espacio institucional limita fundamentalmente la escala y la sostenibilidad de cualquier intervención. Los programas de empleo de emergencia a corto plazo han proporcionado un alivio temporal, pero la recuperación económica sigue bloqueada estructuralmente.

La formación profesional, las vías de mejora y reciclaje de las competencias, y un compromiso claro con el empleo para los palestinos se revelaron como prioridades clave durante las reuniones, especialmente para los jóvenes y los trabajadores desplazados. Con una tasa de desempleo juvenil superior al 40 % en Cisjordania y casi del 100 % en Gaza, y más del 80 % de los nuevos graduados sin poder encontrar trabajo, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil destacaron la urgente necesidad de rehabilitar los centros de formación profesional, identificar las competencias existentes y proteger la capacidad de los trabajadores para mantener sus medios de vida.

Entre las propuestas debatidas figuraban la retirada de escombros, que requiere mucha mano de obra, en condiciones seguras, la formación de los contratistas en materia de trabajo decente y seguridad y salud en el trabajo, y la inclusión sistemática de protecciones laborales en cualquier inversión futura. Los participantes subrayaron que cualquier debate sobre la reconstrucción debe basarse en la apropiación palestina, los derechos de los trabajadores, los derechos sobre la tierra y el derecho de las comunidades a permanecer, en lugar de en planes abstractos alejados de la realidad actual.