La ICM condena enérgicamente las denuncias de vigilancia policial, infiltración e intimidación dirigidas contra los sindicatos y los movimientos sociales en Panamá. Los informes presentados por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), afiliado al ICM, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscitan gran preocupación por el posible uso de los servicios de inteligencia del Estado para vigilar a los líderes sindicales, a sus familias y a sus organizaciones. Estas denuncias exigen una investigación urgente e imparcial, así como un compromiso claro con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los sindicatos no son enemigos del Estado. Son la voz de los trabajadores que luchan por salarios dignos, lugares de trabajo seguros, un trato justo y un futuro mejor para sus familias. Los trabajadores nunca deben ser tratados como una amenaza simplemente por organizarse, expresar su opinión o plantar cara a la injusticia. La vigilancia dirigida contra los trabajadores y los sindicalistas puede violar el derecho a la intimidad recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protegen contra la injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada. Cualquier intento de intimidar a los líderes sindicales, infiltrarse en actividades sindicales legales o utilizar la vigilancia para socavar las organizaciones de trabajadores atenta contra la esencia misma de la libertad de asociación y los derechos democráticos.

El ICM está especialmente alarmado por el cierre, según se ha informado, de las cuentas bancarias de CONUSI en dos entidades financieras, incluido el Banco Nacional de Panamá, de propiedad estatal. Según la comunicación del sindicato, estos cierres han dificultado el acceso a sus propios fondos y el desarrollo de las actividades sindicales habituales. SUNTRACS sufrió la misma situación, con sus cuentas bancarias congeladas y sometidas a restricciones. Las organizaciones de trabajadores deben poder gestionar sus recursos legítimos sin interferencias indebidas. Cualquier restricción debe tener una base legal, seguir procedimientos justos y transparentes, y estar sujeta a garantías efectivas.

Todo ello forma parte de un patrón más amplio de acciones antisindicales, que incluyen el acoso judicial contra líderes sindicales, redadas, restricciones a las actividades sindicales y obstáculos a la negociación colectiva. El ICM exige que se ponga fin a la vigilancia y a las restricciones financieras injustas, y que se exijan responsabilidades a todos los culpables de estas irregularidades. Asimismo, instamos a la OIT a que examine a fondo la nueva información y lleve a cabo una misión de contacto directo a Panamá para evaluar la situación y ayudar a garantizar protecciones efectivas para la libertad de asociación.

El ICM se muestra firmemente solidario con SUNTRACS, CONUSI y todos los trabajadores y trabajadoras panameños que defienden sus derechos, sus organizaciones, su libertad y la democracia. Su lucha no es solo suya. Cuando se vigila, se silencia o se castiga a los trabajadores y trabajadoras por mantenerse unidos, se ponen en peligro los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. El ICM seguirá apoyando a sus afiliadas y al movimiento sindical en general en la defensa de los sindicatos independientes y de las libertades fundamentales que hacen posible la acción colectiva.