La última evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela un persistente y flagrante desprecio de la Junta Militar de Myanmar por las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta de la OIT. A pesar de los reiterados llamamientos a su cumplimiento, la Junta no ha tomado medidas concretas para hacer frente a las graves violaciones de los derechos de los trabajadores, en particular en lo relativo a la libertad de asociación, el trabajo forzoso y la represión de los sindicatos.

En lugar de medidas sustantivas, las autoridades militares han proporcionado información vaga y general sobre las relaciones laborales, la resolución de conflictos y las iniciativas de sensibilización, ámbitos que, como estableció anteriormente el COI, quedan fuera de su legítima competencia. Y lo que es peor, la Junta sigue negando las graves realidades puestas de manifiesto en las conclusiones de la Comisión de Investigación, como el trabajo forzoso, la intimidación y la supresión de las actividades sindicales independientes.

Incluso cuando el régimen militar ha pedido aclaraciones sobre ciertas recomendaciones, no se han tomado medidas de seguimiento significativas. Los informes de los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas presentan un panorama desolador del deterioro de los derechos laborales en Myanmar. Los trabajadores y los sindicalistas siguen siendo objeto de una grave opresión, se enfrentan a penurias económicas, explotación generalizada e intimidación implacable, especialmente los que se oponen al régimen militar o se resisten al reclutamiento forzoso.

El flagrante incumplimiento de la Junta no es sólo un fracaso, sino un ataque directo a los derechos laborales y humanos fundamentales. La comunidad internacional debe intensificar la presión, imponer consecuencias más severas y negarse a permitir que los militares de Myanmar continúen impunemente su reinado de terror contra los trabajadores.