Una misión internacional de alto nivel de la ICM, integrada por representantes sindicales europeos y latinoamericanos, llegó esta semana a Panamá con un mensaje claro y contundente: “Hacer sindicalismo no es un crimen.” La visita, encabezada por Ambet Yuson, secretario general de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), y la eurodiputada por Francia Marina Mesure, tuvo como objetivo denunciar las graves violaciones a los derechos sindicales que enfrenta el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS). 

La misión se desarrolló entre el 22 y 24 de julio e incluyó reuniones con organizaciones sindicales, autoridades gubernamentales y organismos de derechos humanos. El epicentro de las preocupaciones es el creciente proceso de criminalización de la protesta y los intentos de disolución de organizaciones sindicales, particularmente del SUNTRACS, uno de los sindicatos más emblemáticos y combativos del país. 

Denuncias por persecución y criminalización:  

Durante su encuentro con el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, la delegación internacional planteó su preocupación por el cierre de las cuentas bancarias del sindicato, las acciones legales para su disolución y la persecución penal contra sus principales dirigentes. Leblanc reconoció la existencia de una creciente tensión social, aunque también señaló las limitaciones institucionales que enfrenta su oficina para intervenir directamente. Aun así, reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos en todos los niveles. 

En representación de la ICM, Ambet Yuson fue enfático: “Lo que está ocurriendo con el SUNTRACS es un ataque frontal al sindicalismo libre y democrático. No se puede tratar el derecho a organizarse como un delito. Hacer sindicalismo no es un crimen.” 

Estos casos han generado especial preocupación entre los observadores internacionales, destaca la situación de Genaro López y Jaime Caballero, dirigentes sindicales actualmente sometidos a procesos judiciales. López, que estuvo recluido en una cárcel de máxima seguridad, cumple ahora arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Caballero permanece detenido en esa misma prisión, una medida que los organismos sindicales califican como desproporcionada y políticamente motivada. Mientras Saul Méndez Rodriguez secretario general del SUNTRACS y presidente adjunto global de la ICM debió recurrir al asilo político, que le fue otorgado por Bolivia y que se hizo efectivo apenas el sábado 19 de julio luego de recibir el salvoconducto necesario para su salida del país. también el dirigente Erasmo Cerrud, secretario de negociación del SUNTRACS, continúa en la Embajada de Nicaragua en Panamá, país al que también solicitó asilo.  

Una solicitud de disolución que encendió las alarmas 

El momento más tenso de la visita ocurrió durante la reunión con la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, a raíz de la solicitud pública de disolución del SUNTRACS, presentada por el Ejecutivo, apenas unos días antes de la llegada de los representantes internacionales, los miembros de la misión también expusieron el caso ante las autoridades laborales.   

Los delegados de la ICM fueron tajantes: 

“Esa iniciativa representa una amenaza directa al derecho de asociación reconocido en la Constitución panameña y en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, advirtió Yuson. 

Desde la perspectiva de los visitantes, este tipo de acciones no solo violan normativas legales, sino que sientan un precedente peligroso para el conjunto del movimiento sindical panameño y mundial. 

Una delegación internacional unida por la solidaridad 

La misión de la ICM estuvo compuesta por representantes de diversos países: Pierre Cuppens (ACV, Bélgica), Jean Pascal Francois (CGT, Francia), Raimundo Ribeiro Santos Filho (SINTRAPAV-PR, Brasil, y presidente del Comité Regional de la ICM para América Latina), Cesar Soberón (FTCCP Peru), Pauline Saunier pro (asistente parlamentaria en el Parlamento Europeo), además de Nilton Freitas y Ernesto Marval, de la ICM en América Latina y el Caribe. 

El grupo de sindicalistas internacionales también estuvo acompañado por Yamir Córdoba, José Víquez y Hector Hurtado de la Junta Directiva del SUNTRACS.

El objetivo general se centró en respaldar al sindicalismo panameño, exigir el respeto a los derechos fundamentales y promover un ambiente de diálogo en lugar de confrontación. La misión también planteó: monitorear las condiciones de detención, así como el estado físico y psicológico de los líderes sindicales afectados; dialogar con las instituciones del Estado, para conocer de primera mano sus posiciones ante la actual crisis social; y abrir canales con otros sindicatos, actores sociales y políticos, que permitan encontrar salidas al conflicto y promover un clima de respeto y armonía. Los objetivos se han cumplido, aunque aún falta mucho por recorrer en opinión de sus miembros.   

Una advertencia y un mensaje de solidaridad 

La situación en Panamá ha generado manifestaciones masivas en la capital y en distintas regiones del país. El descontento popular refleja la creciente preocupación ciudadana por el deterioro de las libertades democráticas y sindicales. Asi se expresaron cientos de representante sindicales y sociales de Panamá que acudieron al acto político sindical de solidaridad organizado por la Confederación Sindical de las Américas (CSA) en la capital panameña el miércoles 23. La ICM se hizo presente y reporto sus acciones por medio de Raimundo Ribeiro y Marina Mesure en el cierre de la jornada.   

En palabras de los representantes internacionales, se resumen en sus frases de apoyo:

“Lo que es con uno, es con todos. La solidaridad es global, y hoy Panamá no está sola.” Expresaban los participantes en la jornada de lam CSA.