El sector maderero brasileño se enfrenta a una grave crisis, provocada principalmente por el anuncio de los elevados aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Esta política ha provocado una caída de la demanda de productos madereros brasileños, lo que ha obligado a los empresarios a aplicar vacaciones colectivas y despidos masivos. Los sindicatos están en primera línea de la defensa del empleo y exigen una acción inmediata del Gobierno.

Reinaldim Barbosa, presidente de FETRACONSPAR, pinta un panorama sombrío: «Estamos en una situación complicada en lo que respecta a la madera». Destaca la dificultad para cerrar los convenios colectivos con aumentos salariales reales. En Arapongas, el mayor centro de fabricación de muebles de Brasil, aún no se ha cerrado el convenio colectivo para mayo, lo que afecta a 15 000 trabajadores.

Los trabajadores del sector ya están sintiendo el impacto devastador: BrasPine y Braslamber (Jaguariaíva y Telêmaco Borba) han enviado a gran parte de sus equipos de vacaciones, y solo BrasPine ha despedido a 1.500 de sus 2.500 empleados. Sudati (Telêmaco Borba) ha confirmado, además de las vacaciones colectivas, una reducción de aproximadamente cien empleados de su plantilla de 2800 en Ventania y Telêmaco Borba. Millpar (Guarapuava y Quedas do Iguaçu), cuya producción se centra en Estados Unidos, ha suspendido sus operaciones, excepto en las áreas administrativas, y ha enviado a 400 de sus 800 empleados de vacaciones. «Estamos viviendo un día de caos», lamenta Reinaldim Barbosa.

La crisis comenzó con la amenaza de un recargo del 50 % a las exportaciones de madera brasileña a Estados Unidos. Incluso antes de que la medida entre en vigor el 1 de agosto, las exportaciones ya se han detenido, lo que hace temer un colapso del sector. Los empresarios informan de que muchos clientes han pospuesto o cancelado contratos, ya que un recargo del 50 % dejaría al sector brasileño «fuera de juego» en el mercado estadounidense. Esta incertidumbre ha obligado a las empresas a reducir la producción, recortar turnos, aplicar vacaciones colectivas y, lamentablemente, comenzar a despedir personal.

El mercado estadounidense es vital para la industria maderera brasileña, que emplea a aproximadamente 180 000 trabajadores directos. Alrededor del 50 % de la producción se destina a los Estados Unidos. Brasil exporta principalmente madera para la construcción civil, con el 90 % de la capacidad de producción concentrada en el sur del país.

Los sindicatos afiliados a la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) están comenzando a movilizarse para defender los puestos de trabajo y denunciar estas medidas antidemocráticas, autoritarias y discriminatorias orquestadas por Trump con el apoyo de políticos brasileños de extrema derecha indiferentes al daño causado a su propio país.

El movimiento sindical propone un enfoque multifacético para la crisis:

• Compra de madera nacional por parte del Gobierno: El Gobierno brasileño debería aumentar la compra de madera nacional para satisfacer la demanda interna, en particular para programas de vivienda popular como «Minha Casa Minha Vida».
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  Nuevos acuerdos comerciales: es urgente que el Gobierno amplíe las negociaciones comerciales con otros países para diversificar los mercados de consumo de la madera brasileña.
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  Protección del empleo: esta iniciativa tiene por objeto salvaguardar los puestos de trabajo existentes y crear nuevas oportunidades, mitigando el impacto devastador de los despidos en las familias y las comunidades.
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  Esfuerzos diplomáticos: El movimiento sindical apoya los esfuerzos diplomáticos del Gobierno y los parlamentarios brasileños con sus homólogos estadounidenses para encontrar una solución alternativa al recargo, y condena expresamente a quienes traicionan al país en beneficio propio, tanto político como personal.

La principal preocupación de los sindicatos es el escenario posterior a las vacaciones colectivas. La situación actual pone de relieve la importancia vital del diálogo social entre los empleadores, los trabajadores y el Gobierno. Ante la amenaza de los aranceles estadounidenses, la industria debe proteger los miles de puestos de trabajo en peligro.