(Foto: Jire Carreon/ Rappler)

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) manifiesta su más profunda solidaridad con las personas trabajadoras, las familias y el personal de rescate que se han visto afectados por el derrumbe de un edificio de nueve plantas en Ángeles, Pampanga, Filipinas. En un comunicado emitido el 25 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (NUBCW), afiliada a la ICM, informó que, de acuerdo con los informes, varias personas trabajadoras se encontraban descansando dentro o en las proximidades de la obra cuando la estructura se derrumbó de manera repentina antes del amanecer, resultando en la muerte, lesiones y desaparición de varias personas trabajadoras bajo los escombros.

El NUBCW subrayó que las personas trabajadoras de la construcción continúan siendo uno de los sectores más vulnerables del país, frecuentemente obligados a soportar jornadas laborales agotadoras, instalaciones inadecuadas y una presión considerable para cumplir con los plazos de los proyectos. El sindicato señaló que la tragedia pone de manifiesto el fracaso continúo en priorizar la seguridad de las personas trabajadores sobre los beneficios económicos, mientras las operaciones de rescate prosiguen y las familias aguardan ansiosas información sobre sus seres queridos. El sindicato también subrayó que ninguna persona trabajadora debería perder la vida simplemente por intentar ganarse su sustento.

El sindicato exigió una investigación exhaustiva, transparente e independiente respecto al derrumbe, que incluya la rendición de cuentas de todas las partes responsables. Asimismo, exigió asistencia financiera, médica y psicológica inmediata para las personas trabajadoras afectadas y sus familias. Se reclamó la aplicación rigurosa de las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la legislación filipina, así como una regulación más estricta de las prácticas de contratación y subcontratación en el sector de la construcción. Además, se requirió la rendición de cuentas penal, civil y administrativa para aquellos que se consideren negligentes a la hora de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras.